?>
0

La Ley de Protección de Datos y su correspondiente Reglamento de desarrollo reconocen a aquellas personas cuyos datos personales sean incorporados en un fichero, un conjunto de derechos. En este sentido, todo Responsable de Ficheros con datos de carácter personal tendrá la obligación de garantizar estos derechos a los afectados.

Los derechos mencionados: derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos, y por lo tanto, son inalienables e imprescriptibles, sólo admiten el goce por parte de su titular, por sus representantes legales (en caso de incapacitados y menores de edad) o representantes voluntarios que puedan acreditar que han sido designados expresamente por el afectado (por ejemplo, aportando copia del DNI).

El Responsable de los ficheros deberá poner a disposición del afectado medios sencillos y gratuitos para el ejercicio de estos derechos, medios acerca de los cuales habrá informado al afectado en el momento de recogida de sus datos. El envío de cartas certificadas o la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional para el afectado no se admiten por considerarse demasiado costosos para el afectado. En cambio, el Responsable de los ficheros podrá valerse de su servicios de atención al público para cumplir con esta obligación siempre que estos permitan comprobar la identidad de la persona que ejerce tales derechos.

Básicamente, la comunicación dirigida al Responsable contendrá:

  • Nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su DNI o pasaporte o firma electrónica identificativa y en su caso, el de su representante.
  • Petición en que se concreta la solicitud.
  • Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
  • Otros documentos acreditativos, en su caso.

Resulta primordial atender a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los afectados, incluso en aquellos casos en los que la solicitud recibida no reúna los requisitos legalmente establecidos (solicitando la subsanación del defecto), y deberá poder demostrarse siempre que ha existido tal respuesta.

La Ley ha fijado plazos máximos para dar respuesta a las solicitudes de los afectados, estos plazos varían en función del derecho ejercido (de 10 días a 1 mes). Resulta muy importante tener presentes dichos plazos ya que transcurridos los mismos sin que el Responsable haya dado respuesta expresa el afectado podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y esta acción puede desembocar en una sanción de 600 a 60.000 €.

Asimismo, si el afectado ejercitase su derecho ante uno de los encargados del tratamiento del Responsable, el encargado deberá comunicar dicha solicitud al responsable para que el afectado pueda ser atendido, otra opción consistirá en atenderlo él mismo si así se ha acordado.

Continue Reading

0

El Tribunal Supremo acaba de rectificar el criterio de la AEPD y de la Audiencia Nacional respecto al ejercicio del derecho de acceso.

Según el Tribunal Supremo (en adelante, TS), el hecho de ofrecer en una página web la posibilidad permanente a los usuarios de acceder a sus datos personales por vía informática es más que suficiente para atender de forma correcta el derecho de acceso a los datos que contempla la Ley Orgánica de Protección de Datos. […]

Continue Reading